Senegal

Estado: Debate publico o con sociedad civil

En Senegal todavía no existe una política pública de protección de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH o personas defensoras). Sin embargo, se está debatiendo y múltiples actores de la sociedad civil han elaborado un proyecto de ley. Mientras tanto, hay muchas restricciones preocupantes al derecho a defender los derechos humanos.

En 2021, los debates en torno a un proyecto de ley fueron dirigidos por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional Senegal, la Coalición Senegalesa de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y el Servicio Internacional de Derechos Humanos.  Actualmente, el proyecto de ley sigue siendo revisado por la sociedad civil, prestando especial atención a la redacción de las obligaciones del Estado de proteger el derecho a defender los derechos humanos.

Senegal está bajo el mandato del Relator especial de la Comisión Africana sobre las personas defensoras de los derechos humanos. Hasta la fecha, no se ha publicado ninguna documentación/revelación efectiva sobre la supervisión realizada por este mecanismo en Senegal. Los Relatores especiales de la ONU sobre las personas defensoras de los derechos humanos, tanto anteriores como actuales, aún no han visitado Senegal, ni el actual relator ha solicitado visitar el país. Senegal tampoco se menciona en los informes temáticos publicados por la oficina.

Senegal es revisado a través del Examen Periódico Universal (EPU), y el último informe del país fue completado y publicado en 2018. Este informe no menciona a las personas defensoras de los derechos humanos, pero sí las medidas de protección de la libertad de expresión y de reunión. Estas medidas no se dirigen específicamente a las personas defensoras de los derechos humanos, sino que se centran en la prohibición de que las fuerzas de seguridad hagan un uso innecesario de la fuerza e incluyen la recomendación de impartir formación en materia de gestión de multitudes en consonancia con la legislación sobre derechos humanos. Senegal aceptó varias recomendaciones relativas a la libertad de expresión, pero no ha asumido ningún compromiso explícito sobre el tema de las personas defensoras de los derechos humanos.

El Monitor Civicus 2022 clasifica a Senegal como «obstruido«, lo que significa que el espacio cívico está «muy disputado por los titulares del poder, que imponen una combinación de restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales». El Índice de Democracia de Freedom House 2022 calificó a Senegal como «parcialmente libre«, calificando a este país como «una de las democracias electorales más estables de África y que ha experimentado transferencias de poder pacíficas entre partidos rivales desde el año 2000». No obstante, preocupan los enjuiciamientos por motivos políticos, así como las denuncias de detenciones arbitrarias y las restricciones a la libertad de expresión, como el Código de Prensa introducido en 2017.