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Estado: ley o decreto aprobado a nivel nacional
En Perú existe una política pública de protección para las personas defensoras de los derechos humanos (DDH o personas defensoras) desde 2019. Desde entonces se han producido varias modificaciones y protocolos adicionales, como el mecanismo de protección para las personas defensoras del medio ambiente. A pesar de estas iniciativas, los ataques contra las personas defensoras continúan.
En 2018, Perú presentó su Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, en el que se mencionaba de forma destacada a los defensores de los derechos humanos. A raíz de este plan, Perú adoptó la Resolución N. 0159-2019 el 25 de abril de 2019, aprobando el Protocolo para Garantizar la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos. Esta resolución fue implementada por el Decreto N° 004-2021 en abril de 2021 que creó el Mecanismo Intersectorial de Protección de Defensores de Derechos Humanos. Paralelamente a estas políticas, el gobierno del Perú también ha promulgado disposiciones especiales para la protección de los defensores del medio ambiente a través de la Resolución Nº 028-2021 y la Resolución Ministerial N° 134-2021-MINAM.
Como todos los países del mundo, Perú es monitoreado por el Relator Especial de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos, quien realizó su última visita a Perú en 2020. El informe de esta visita incluye los avances políticos descritos anteriormente, pero también señala la contínua estigmatización, criminalización y falta de reconocimiento de las personas defensoras en Perú. En el informe, el Relator Especial de la ONU recomienda entre otros al gobierno peruano que promueva la participación activa de las defensoras en el desarrollo de políticas, que mejore el registro de las denuncias individuales de los defensores, de los ataques contra las personas defensoras y del riesgo y que proporcione más medios para proteger a las personas defensoras contra las actividades mineras ilegales. También recomienda a Perú que ratifique el acuerdo de Escazú, lo que sigue sin haber sucedido aun.
Perú también es monitoreado a través del Examen Periódico Universal (EPU). En el último informe de 2017, el gobierno peruano menciona su voluntad de reconocer a las personas defensoras como un grupo que necesita protección especial y sus planes para incluir a las personas defensoras en su Plan Nacional de Derechos Humanos (ver arriba). Perú recibió y apoyó varias de las recomendaciones del EPU para mejorar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y desarrollar una política pública efectiva para su protección.
Perú está calificado como «obstruido» por el monitor 2022 de CIVICUS, lo que significa que el espacio cívico está «fuertemente disputado por los titulares del poder, que imponen una combinación de restricciones legales y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales». Perú no ha sido calificado por el Índice de Democracia de Freedom House. Las preocupaciones en torno a Perú incluyen los continuos asesinatos y la violencia contra los defensores y las crecientes restricciones a la libertad de expresión.
Actualizado el 17/11/2022
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