Indonesia

 Estatus: Debate público o con sociedad civil

En Indonesia no existe una política de protección para las personas defensoras de los derechos humanos (personas DDH). Mientras tanto, la situación de las personas DDH en el país sigue siendo grave. Las personas DDH medioambientales, mujeres, indígenas y LGBTQIA+ son grupos especialmente vulnerables.

Los derechos fundamentales no están plenamente protegidos por las leyes y políticas existentes en el país. En particular, las restricciones al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión son las que más afectan al trabajo de las personas DDH en Indonesia. En febrero de 2024 se celebraron elecciones en Indonesia. El presidente electo, Prabowo Subianto, ex general militar, ha sido acusado de abusos contra los derechos humanos y, durante su campaña electoral, ha prometido mantener las políticas de la actual administración en materia de infraestructuras, que tienen graves repercusiones sobre el medio ambiente y los derechos humanos.  Las elecciones de 2024 han provocado una importante reducción del espacio cívico en Indonesia. Las OSC indonesias han denunciado los actos represivos de las autoridades para restringir las actividades de las OSC, especialmente el derecho a la libertad de reunión.

A principios de 2023, el presidente Jokowi promulgó un nuevo Código Penal que entrará en vigor en 2026. Este nuevo código penal contiene restricciones extremas a varios derechos fundamentales, dirigidas especialmente a grupos vulnerables como las mujeres, las minorías religiosas y las personas LGBTQIA+. Cuando entre en vigor, el nuevo Código Penal restringirá gravemente el derecho a la libertad de expresión. Otro ejemplo preocupante son los actuales debates en el Parlamento indonesio para modificar las leyes de radiodifusión del país. De aprobarse la propuesta, la libertad de expresión se vería aún más limitada. La Ley de Información y Transacciones Electrónicas ya está siendo ampliamente utilizada por el gobierno indonesio para restringir la libertad de expresión y de reunión, especialmente de quienes critican las políticas del gobierno a través de plataformas digitales.

En general, la criminalización es el riesgo más común al que se enfrentan las personas DDH, a quienes el gobierno suele acusar de suponer una amenaza para la seguridad nacional. Por ejemplo, en mayo de 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre las personas DDH, Mary Lawlor, denunció el acoso y las amenazas de la policía contra las personas DDH que defienden la justicia del agua durante un evento paralelo al Foro Mundial del Agua en Bali.

Aunque no existe una ley específica para la protección de las personas DDH en Indonesia, el marco jurídico nacional del país ofrece protección legal a las personas DDH a través de diferentes disposiciones. Por ejemplo, la Constitución de Indonesia reconoce el derecho a la lucha por los derechos: “Toda persona tendrá derecho a superarse a través de la lucha colectiva por sus derechos para desarrollar su sociedad, su nación y su Estado” (art. 28 C párr. (2)). El ámbito de aplicación de otras leyes y normativas nacionales también es lo suficientemente amplio como para abarcar la protección de las personas DDH, como la Ley de Derechos Humanos nº 39/1999 (véanse art. 100-103) o la Ley del Tribunal Ad Hoc de Derechos Humanos nº 26/2000. En la misma línea, en 2022, la Cámara de Representantes de Indonesia aprobó el Proyecto de Ley sobre Delitos de Violencia Sexual, que prevé la protección de los acompañantes de las víctimas y/o supervivientes de violencia sexual que son, en su mayoría, personas DDH (véanse los arts. 27, 28 y 29).

Sin embargo, la responsabilidad recae en el hecho de que las autoridades no aplican ni hacen cumplir con firmeza estos instrumentos legales y fracasan sistemáticamente en la protección de las personas DDH.

El debate sobre los mecanismos de protección de las personas DDH está presente en la sociedad civil indonesia. Las OSC han propuesto proyectos de ley y recomendaciones para que las autoridades públicas legislen sobre la protección de las personas DDH.

Existe una Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia (Komnas HAM) que tiene principalmente un papel de observador y puede incluir la denuncia al gobierno de violaciones del derecho a defender los derechos humanos. La Comisión ha desarrollado un conjunto de Normas Reguladoras (SNP) para la protección de las personas DDH, que pretende servir de referencia para evaluar las políticas, leyes y reglamentos relacionados con la protección de las personas DDH en Indonesia. El documento define a las personas DDH y sirve como referencia para que las instituciones y agencias legales aborden las cuestiones relacionadas con las personas DDH. En 2015, Komnas HAM adoptó la Regulación Número 5 de 2015 (Perkomnas HAM) relativa a los Procedimientos para la Protección de las personas DDH, que proporciona directrices para la protección de las personas DDH amenazados o vulnerables debido a sus actividades (Capítulo II, Artículo 2). Dentro de esta política, se creó un Relator Especial para las personas DDH dentro de Komnas HAM. Aún así, estas normas nunca se han incorporado a la legislación nacional.

La Comisión Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres (Komnas Perempuan) es también una destacada organización de derechos humanos en Indonesia cuyo mandato también incluye la defensa de la protección de las personas DDH. En diciembre de 2023, tres agencias nacionales, Komnas HAM, Komnas Perempuan y la Agencia de Protección de Testigos y Víctimas (LPSK) acordaron un Memorando de Entendimiento sobre un mecanismo de respuesta rápida para la protección de las personas DDH. Este documento fue inicialmente una iniciativa de la sociedad civil, incluida Protection International South East Asia. Sin embargo, todavía se está desarrollando un procedimiento operativo estándar conjunto.

Indonesia es objeto de seguimiento por parte de la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. En su informe 2023 sobre la situación de las personas DDH, la Relatora Especial de la ONU sobre DDH, Mary Lawlor, subrayó los retos de las personas DDH que trabajan en zonas rurales. En cuanto a los logros de los defensores de los derechos humanos, la relatora especial de la ONU destacó el papel vital de las personas DDH en el país para la aprobación del proyecto de ley sobre violencia sexual en 2022. En 2007, la entonces Relatora Especial sobre DDH, Hina Jilani, realizó una visita a Indonesia.

Indonesia también es objeto de seguimiento a través del Examen Periódico Universal (EPU). En la última revisión de 2022, Indonesia apoyó la mayoría de las recomendaciones presentadas por otros Estados miembros de la ONU, entre las que se incluían:

• Garantizar una investigación rápida, independiente y efectiva de todos los ataques contra las OSC y las personas DDH;
• Adoptar legislación y aplicar políticas globales para la protección de las personas DDH;
• Garantizar la salvaguarda del derecho a la libertad de expresión;
• Abstenerse de cualquier acción que pueda constituir acoso, persecución o interferencia indebida en el trabajo de las personas DDH;
• Tomar medidas para fomentar un entorno seguro, respetuoso y propicio para la sociedad civil y las personas DDH.

Sin embargo, el gobierno indonesio no apoyó la recomendación de liberar inmediatamente a todas las personas DDH detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica.

En el mismo ciclo de revisión relativo a Indonesia, las preocupaciones de las partes interesadas incluían:

• la falta de una regulación exhaustiva que garantice la protección efectiva de las personas DDH en situación de riesgo;
• el uso de medidas represivas contra las personas DDH y la continua criminalización de las personas DDH por parte de las fuerzas de seguridad;
• el aumento de los ataques digitales contra las personas DDH y el uso de herramientas de vigilancia para controlar y atacar a las personas DDH por parte de actores vinculados al Estado;
• la falta de protección y los riesgos a los que se enfrentan las personas DDH medioambientales e indígenas.

Además, Komnas HAM también presenta comunicaciones para los exámenes del EPU de Indonesia. Para el informe del EPU de 2022, recomendó que el gobierno eliminara todas las formas de discriminación y criminalización de las personas DDH. La institucionalización del 7 de diciembre como Día Nacional de los Defensores de los Derechos Humanos fue también una propuesta presentada por Komnas HAM para rendir homenaje a Munir Said, destacado defensor de los derechos humanos indonesio que fue asesinado a bordo de un vuelo procedente de Yakarta con destino a los Países Bajos.

Otros órganos de tratados de la ONU también han instado recientemente a las autoridades indonesias a tomar medidas para proteger a las personas DDH, incluidas las mujeres y las personas DDH indígenas.

CIVICUS calificó a Indonesia de “obstruida”, lo que significa que el espacio cívico está muy disputado por los detentadores del poder, que imponen una combinación de restricciones jurídicas y prácticas al pleno disfrute de los derechos fundamentales. El índice de Freedom House califica a Indonesia de “parcialmente libre”. Preocupa la discriminación de las minorías religiosas.  

PI tiene una presencia permanente en Indonesia. Puede obtener más información sobre el trabajo de PI en Indonesia aquí.

[Actualizado el 17/07/2024]

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