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Estado: Proceso o politica abandonados
En Guinea no existe una política de protección de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH o personas defensoras). En 2017 se elaboró un proyecto de ley, pero todavía no se han dado pasos hacia su adopción. Además, un golpe militar en septiembre de 2022 hace muy improbable cualquier paso hacia la protección de las personas defensoras.
El Ministerio guineano de Unidad Nacional y Ciudadanía elaboró inicialmente un proyecto de ley, pero los y las actores de la sociedad civil lo redactaron de nuevo. Tras esta nueva redacción, el proyecto de ley se ultimó durante una mesa redonda con personas defensoras y autoridades gubernamentales organizada en 2018. Desde entonces, no se han dado más pasos, a pesar del informe publicado por la Comisión de Derechos Humanos del ONU al gobierno de Guinea para que proceda a su adopción en 2018 y por el ISHR en 2019.
Guinea es supervisada por la Relatora Especial de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Aunque todavía no se ha realizado ni está prevista ninguna visita a Guinea, el Relator Especial ha publicado varias comunicaciones sobre violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras. La situación en Guinea también es examinada por el Relator Especial de la Unión Africana sobre los Defensores de los Derechos Humanos, pero este Especial no ha publicado ninguna información sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en Guinea.
Cada cuatro años, la situación en Guinea se examina mediante el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU. En el último informe de 2020, no se mencionó ninguna medida adoptada por las autoridades. Sin embargo, Guinea aceptó y apoyó varias recomendaciones sobre la mejora de la seguridad de las personas defensoras de los derechos humanos, incluida la de adoptar una ley para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos (par. 113.109). Esto significa que el gobierno de Guinea se comprometió oficialmente a elaborar una ley antes del próximo examen del EPU, en 2024. Sin embargo, el golpe militar de septiembre de 2022 hace muy improbable que se alcance este objetivo.
El monitor CIVICUS califica a Guinea de “reprimida“, lo que significa que “el espacio cívico está significativamente restringido“. Los acontecimientos preocupantes se refieren principalmente al cambio de poder debido al golpe militar, que ha provocado un aumento de la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos y la prohibición de las protestas.
Actualizado el 01/03/2023
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