Guatemala

Estatus: Debate público o con sociedad civil

Guatemala no cuenta con una política de protección de las personas defensoras de los derechos humanos (personas DDH). A pesar de varios llamados de la sociedad civil y una orden de la Corte Interamericana en 2014 para establecer dicha política, toda acción gubernamental para cumplir con esta orden de la Corte se detuvo por completo en 2020, y no hubo señales de movimiento por parte de la administración del ex presidente Alejandro Giammattei (2020-2024). Mientras tanto, la situación de las personas DDH en Guatemala es extremadamente preocupante y los ataques contra ellos han aumentado (UDEFUEGA, 2021, UDEFUEGA, 2023).

Una sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensor de los Derechos Humanos y otros contra Guatemala ordenó a Guatemala desarrollar medidas de protección para las personas DDH. Aunque funcionarios del gobierno habían expresado su voluntad de desarrollar una política para proteger a las personas DDH, estas promesas no se tradujeron en propuestas viables hasta enero de 2024, cuando el gobierno de Bernardo Arévalo asumió el poder. Las organizaciones de la sociedad civil han seguido pidiendo al gobierno guatemalteco que cumpla la orden de la Corte Interamericana, lo que ha dado lugar a un nuevo proceso para desarrollar una política pública que se pondrá en marcha en 2024.

El gobierno guatemalteco inició el proceso de redacción en 2018, que incluyó mesas de discusión entre diferentes instituciones del Estado y representantes de organizaciones de la sociedad civil sobre los aspectos a incluir en la política pública. El primer borrador, que resumía los insumos del proceso e iba a ser llevado a zonas fuera de la capital para su consulta, desapareció con la llegada del gobierno del presidente Alejandro Giammattei en enero de 2020. La institución que lideraba el proceso, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), fue disuelta a mediados del mismo año, y el organismo designado para asumir las responsabilidades de la COPREDEH, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), no tenía ni la capacidad ni el apoyo político para garantizar la continuidad en la formulación de políticas públicas. No hubo señales de movimientos significativos en el proyecto entre 2020 y 2024.

Guatemala es objeto de seguimiento por parte del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. La última visita oficial al país se realizó en 2009 y en los informes se señalaba la extrema violencia contra las personas DDH. Los informes anuales (como los de 2022 o 2021) destacan el preocupante número de DDH atacados y asesinados y la urgencia de mejorar los mecanismos nacionales de protección existentes para las personas DDH. En febrero de 2018 tuvo lugar una visita informal y la policía pública fue una de las cuestiones planteadas.

Guatemala también es supervisada por el Examen Periódico Universal (EPU). En su último informe nacional de 2022, el Estado de Guatemala pintó un cuadro exclusivamente positivo de la protección general proporcionada por el Estado a las personas DDH, pero los informes alternativos presentados por la sociedad civil mostraron un deterioro de la situación de las personas DDH y del espacio cívico. Tras la presentación del informe nacional por parte de las autoridades guatemaltecas, el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal presentó su informe en 2023, en el que recomendaba garantizar investigaciones imparciales de los ataques contra las personas DDH y adoptar políticas públicas efectivas para proteger a los defensores de los derechos humanos.

El informe nacional del EPU de 2017 destacó la necesidad de más personal capacitado para la protección de las personas DDH. También señaló el desarrollo de organismos como la Instancia de Análisis de Ataques Contra Defensores de Derechos Humanos (creada por Acuerdo Ministerial No. 103-2008) y la División de Protección de Personas y de Seguridad. Sin embargo, estos organismos gubernamentales han sido duramente criticados por la sociedad civil y no se considera que proporcionen una protección efectiva a las personas DDH.  En 2017, Guatemala apoyó recomendaciones para desarrollar una política de protección para las personas DDH, pero como se mencionó anteriormente, el proceso fue abandonado.

CIVICUS califica a Guatemala de «reprimida», lo que significa que el espacio cívico está significativamente restringido. El Índice Freedom House califica a Guatemala como «parcialmente libre». Son motivo de preocupación el aumento de la autocensura, la persecución judicial y los ataques a defensores de los derechos humanos, y los ataques a defensoras de los derechos humanos.

 [Actualizado el 19/08/2024]

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