Colombia

Estado: Ley o decreto aprobado a nivel nacional (o subnacional)

Colombia cuenta con múltiples políticas públicas para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos (personas DDH). Sin embargo, la situación de los DDH en el país sigue siendo preocupante, ya que Colombia es el país más mortífero del mundo para los DDH.

A pesar de la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los conflictos armados siguen teniendo un impacto significativo en la población civil. El presidente Petro asumió el cargo en 2022 y se comprometió a aplicar el acuerdo de paz de 2016. No obstante, la violencia y los abusos de los grupos armados aumentaron en 2023, especialmente en zonas remotas. Los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las comunidades campesinas están más expuestos a la violencia que otros grupos.

En un país marcado por la violencia, las graves violaciones de los derechos humanos y un conflicto que dura ya cinco décadas, el trabajo de las personas DDH les pone en peligro. Las personas DDH se ven a menudo atrapadas en medio de luchas de poder con actores no estatales violentos. De hecho, Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas DDH. El país registra el mayor número de asesinatos de personas DDH del mundo. Los defensores de los derechos humanos indígenas están especialmente en el punto de mira. Según Somos Defensores, entre los muchos ataques a los que se enfrentan las personas DDH, los más recurrentes son amenazas, asesinatos, atentados, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. El mayor número de ataques contra personas DDH se registró en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño y Valle del Cauca.

Existen múltiples políticas públicas para la protección de las personas DDH en Colombia, empezando por la Constitución de Colombia, que en su art. 95 protege el derecho de los ciudadanos a defender y promover los derechos humanos.

En 1997, Colombia introdujo la Ley 418 de protección a personas en riesgo, siendo el primer documento en el mundo en crear un mecanismo de protección aplicable a los defensores de los derechos humanos. Cabe señalar que el programa de protección abarca también a otros grupos, como los miembros de las autoridades locales y los ex presidentes.

Con el tiempo, la Ley 418 fue modificada. En 2011, los Decretos 4.065 y 4.912 crearon la Unidad Nacional de Protección, con presencia en todo el país, y el Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, grupos y comunidades, que ofrecen medidas de protección física para las personas en situación de riesgo en Colombia, incluidas las DDH. Estos mecanismos fueron reforzados por otros decretos, como el Decreto 2078 de 2017 sobre la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades. Sin embargo , las políticas públicas para la protección de las personas DDH en Colombia pueden parecer vagas e ininteligibles para el público en general debido a la compleja interrelación entre las múltiples regulaciones, leyes y políticas que protegen ampliamente a las personas DDH. Encuentra una visión más detallada de las leyes y decretos aquí.

Desafortunadamente, a pesar de estos esfuerzos, el impacto de estas normas no se refleja en una protección efectiva del derecho a defender los derechos humanos en Colombia, y la situación de las personas DDH sigue siendo crítica. Falta una implementación efectiva de las leyes, normas y políticas.

El presidente de Colombia firmó la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú en 2022, sin embargo, su entrada en vigor aún depende de que la Corte Constitucional apruebe la coherencia del tratado con las Constituciones nacionales. Por lo tanto, las disposiciones del acuerdo aún no han entrado en vigor en el país. El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento jurídicamente vinculante para proteger a los defensores de los derechos humanos medioambientales y el primer tratado regional de América Latina y el Caribe sobre derechos humanos y medio ambiente. Dado que Colombia es uno de los lugares más mortíferos para los defensores del medio ambiente, la ratificación del acuerdo es fundamental.

El Relator Especial de la ONU sobre DDH supervisa la situación de las personas DDH en Colombia. En 2020, Michel Forst, anterior titular del mandato, visitó Colombia. Observó que los riesgos a los que se enfrentan las personas DDH en el país habían aumentado tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Señaló los riesgos particulares a los que se enfrentan las personas DDH en las zonas rurales y pidió la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz y el desarrollo de una política integral para la defensa de los derechos humanos. Más recientemente, en relación con la situación de los niños y jóvenes DDH, la Relatora Especial de la ONU, Mary Lawlor, destacó las campañas de desprestigio contra los jóvenes defensores colombianos. En otro informe, elogió los esfuerzos de las autoridades colombianas por mejorar la seguridad de las personas DDH.

A nivel regional, la situación de los DDH en Colombia es monitoreada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y más específicamente a través de la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, que no ha producido ningún informe sobre la situación en Colombia recientemente. La CIDH realizó una visita a Colombia en abril de 2024, centrada especialmente en los defensores de los derechos humanos. En sus observaciones preliminares, la Comisión recomendó medidas para reducir los niveles de impunidad, aumentar la participación de la sociedad civil y salvaguardar a los defensores de los derechos humanos. En 2019, la Comisión publicó un informe sobre el tema DDH y Líderes Sociales en Colombia.

En 2023, la CIDH presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso relativo al asesinato del defensor de los derechos humanos Jesús Ramiro Zapata. En 2024, la CIDH emitió una resolución para otorgar medidas cautelares a favor de Víctor Miguel Ángel Moreno, defensor de derechos humanos colombiano, quien la Comisión considera que enfrenta un riesgo grave y urgente de sufrir un daño irreparable a sus derechos.

Colombia es igualmente objeto de seguimiento a través del Examen Periódico Universal. El último examen de Colombia tuvo lugar en 2023. Entre los informes recibidos, las partes interesadas, incluida la Defensoría del Pueblo de Colombia, instaron a las autoridades nacionales a abordar la violencia persistente y los riesgos que enfrentan las personas DDH en Colombia, con especial atención a las mujeres DDH, EHRD, indígenas DDH y LGBTQI+ DDH. Del mismo modo, el grupo de trabajo recomendó ampliamente la implementación de medidas efectivas de protección de las personas DDH. Colombia apoyó todas las recomendaciones relativas a la protección de las personas DDH.

Colombia está clasificada por el monitor Civicus como «reprimida», lo que significa que el espacio cívico está «significativamente restringido» y está clasificada como «libre» por el índice de democracia de Freedom House. Las preocupaciones incluyen restricciones al derecho a la libertad de reunión, limitaciones al derecho a la libertad de asociación, impunidad por ataques contra personas DDH, falta de independencia y libertad en los medios de comunicación y altos niveles de corrupción en la administración pública.

PI tiene una oficina en Colombia. Puede obtener más información sobre el trabajo de PI en Colombia aquí.

[Actualizado el 04/07/2024]

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