Protection International se puso en contacto con nuestros expertos sobre el terreno para ofrecer un breve resumen de las políticas e instituciones de Tailandia que tienen la responsabilidad de proteger a los defensores de los derechos humanos. Encuentre la lista a continuación.
a. Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia (NHRCT) fue acreditada con la categoría B en 2014 por el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI-SCAEn 2020, GANHRI-SCA llevó a cabo otro proceso de acreditación de la NHRCT. Protection International, en colaboración con una serie de otros grupos, se opuso a elevar el estatus de la NHRCT a A debido al continuo fracaso de la institución en la protección efectiva de los derechos, a su continuo mal desempeño y a su independencia políticamente comprometida, todo lo cual se aleja sustancialmente de los estándares internacionales mínimos exigidos en los Principios de París. En marzo de 2021, la GANHRI-SCA decidió aplazar el examen de la solicitud de reacreditación del CNDH durante 18 meses. El NHRCT ha realizado intervenciones insignificantes en casos de violaciones de los derechos de los defensores de los derechos humanos a la libertad de expresión, reunión y asociación, como la detención arbitraria y la intimidación de P-Move , así como las docenas de casos de acoso judicial de la granja Thammakaset. El enfoque del NHRCT consiste en intervenir selectivamente en algunos casos destacados de DDHH, cuando en realidad debería actuar en todos los casos. Por ejemplo, en el destacado caso del Sr. Lertsak Kumkongsak, el defensor de los derechos humanos medioambientales que recibió amenazas de muerte, y de Dam Onmuang, el defensor de los derechos sobre la tierra de la Federación de Campesinos del Sur de Tailandia que sufrió un intento de asesinato, el NHRCT actuó de forma inadecuada. Al limitarse a informar de estos incidentes a las agencias gubernamentales, como el Ministerio de Justicia, el NHRCT no está cumpliendo con su función de proteger a los DDH en situación de alto riesgo. [1]
b. Fondo de Justicia del Ministerio de Justicia
En 2015, el Gobierno de Tailandia codificó el Fondo de Justicia, un programa gubernamental que proporciona apoyo financiero o gastos para la asistencia jurídica, el litigio, el enjuiciamiento, la ejecución legal y proporciona protección a las personas que están privadas de sus derechos y libertad. Sin embargo, el proceso para acceder al Fondo de Justicia sigue siendo complejo y parece arbitrario, lo que hace que la mayoría de los candidatos que cumplen los requisitos no reciban la ayuda. Entre 2006 y 2014, el Fondo de Justicia sólo concedió ayuda al 43% de las personas que la solicitaron. Sólo 26 de las 440 solicitudes de las defensoras de los derechos humanos de la comunidad al Fondo de Justicia fueron aprobadas. El Fondo de Justicia y otros recursos siguen siendo en gran medida desconocidos para la población en general, y aún no sabemos que se hayan impartido cursos de alfabetización jurídica para las mujeres. Además, las mujeres son reacias a denunciar la violencia de género, y las mujeres de comunidades marginadas, como las mujeres con discapacidad, las mujeres de la región de la frontera sur y las trabajadoras del sexo, se enfrentan a obstáculos adicionales para acceder a la justicia y a los recursos. [2]
c. Policía Real Tailandesa
En algunos casos en los que Protection International ha pedido a la Policía Real Tailandesa que proteja los derechos de los/as DDHs, ésta ha cumplido parcialmente o ha actuado temporalmente. En general, todavía no comprenden su obligación de proteger a los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso del Sr. Dam Onmuang, defensor de los derechos sobre la tierra de la Federación de Campesinos del Sur de Tailandia, PI y los defensores de los derechos humanos de la comunidad solicitaron repetidamente a la policía provincial y local que proporcionara seguridad y protección al Sr. Onmuang mientras se celebraba el juicio del pistolero. Sin embargo, no atendieron nuestras mínimas peticiones de establecer un puesto de control policial de seguridad, alegando falta de recursos policiales.
d. Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos
El Plan de Acción para los Defensores de los Derechos Humanos es una de las cuatro áreas clave del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), y sin embargo no se han tomado medidas concretas para proteger o reconocer de forma efectiva el trabajo de los defensores de los derechos humanos. El PNA y los artículos posteriores relativos a la protección judicial no tienen rango de ley. Son meras resoluciones del poder ejecutivo del gobierno tailandés y se consideran un “reglamento” de acuerdo con la Sección 3 de la Ley sobre el establecimiento de tribunales administrativos y el procedimiento de los tribunales administrativos B.E. 2542 (1999). No tienen peso judicial ni capacidad de ejecución.
f. Demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) y mecanismos de protección judicial
Desde 2017, más de 200 defensoras han sido acusadas de delitos. La mayoría de las denuncias se han presentado contra mujeres pobres urbanas que se enfrentan a un desahucio. El segundo grupo más numeroso de víctimas ha sido el de las mujeres que defienden la tierra y los recursos naturales de sus comunidades. Estos casos han sido presentados, entre otros, por corporaciones mineras, empresas de aceite de palma y algunos organismos estatales. A menudo, en lugar de apoyar y proteger a las defensoras de los derechos humanos, el gobierno tailandés permite a las empresas ejercer el acoso judicial y otras formas de intimidación.
En 2019, también se introdujeron los artículos 161/1 y 165/2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para tratar de hacer frente a estas demandas SLAPP y otras formas similares de acoso judicial. Estas enmiendas permiten que un tribunal desestime y prohíba volver a presentar una demanda por parte de un particular si la demanda se presenta “de mala fe o con tergiversación de los hechos con el fin de acosar o aprovecharse de un demandado.” Sin embargo, estos nuevos artículos no han sido efectivos. Términos como “mala fe” no están definidos en la ley, y se deja a la discreción de cada tribunal. Todas las solicitudes de los defensores de los derechos humanos para invocar el artículo 161/1 hasta la fecha han sido denegadas.
En virtud del artículo 21 de la Ley del Órgano del Ministerio Público y de los Fiscales de 2010, los fiscales están facultados para no procesar las denuncias presentadas con la intención de acosar, intimidar o tomar represalias contra los defensores de los derechos humanos u otras personas. Sin embargo, este es un procedimiento largo y no depende únicamente de los fiscales. No está claro si se han proporcionado los recursos y el apoyo adecuados a la Fiscalía General para que ejerza sus competencias de forma eficaz y eficiente.
Tampoco existe un procedimiento claro o una disposición para multar o sancionar de otro modo a las empresas que hayan sido declaradas culpables de intentar recurrir al acoso judicial de los defensores de los derechos humanos. Instamos al Estado a que impida todo tipo de amenazas y acoso. Los responsables de los ataques a los defensores, incluido el acoso judicial, deben rendir cuentas. Aquellos que no cumplan con su deber de apoyar y proteger a los/as DDHs deben enfrentarse a las consecuencias políticas, financieras y judiciales.
[1] [Declaración conjunta] Tailandia: Fortalecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos antes de la actualización de la acreditación, 16 de diciembre de 2020, https://www.forum-asia.org/?p=33462
[2] Protection International, 2020 CEDAW Progress Report Card, p. 27. https://www.protectioninternational.org/en/policy-maker-tools/2020-cedaw-progress-report-card
