América Latina, biodiversa, pluricultural y multiétnica, ha planteado importantes avances y retos en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, de los seres sintientes y de los derechos colectivos de pueblos indígenas y afrodescendientes.

Se han desarrollado también precedentes jurisprudenciales emancipatorios, como el reconocimiento de derechos bioculturales y la consagración como sujeto de derechos al río Atrato en Colombia (Corte Constitucional de Colombia, 2016), entre otros entendimientos relevantes en la región, que también incluyen el reconocimiento de derechos a la territorialidad y la consulta previa de los pueblos indígenas. No ha sido este el caso en otros países del continente, que se entregaron completamente a un sistema neoliberal extractivista que frenó o dejó a medio camino propuestas de reconocimiento de derechos conquistados por los movimientos sociales y algunas veces exigidos por los organismos internacionales como condición para la firma de tratados de libre comercio. A pesar de los avances, se evidencian también grandes retrocesos y debilidades en gobernanza ambiental que dejan profundas brechas de implementación y que impiden el ejercicio pleno de derechos. En este contexto, el rol de las y los defensores de derechos humanos y bioculturales es esencial en el Abya Yala, máxime cuando se advierte un patrón estructural de violencias múltiples que afectan a sus derechos a la vida, a la integridad, al debido proceso, al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva como consecuencia de un evidente fenómeno de criminalizaciones y persecuciones arbitrarias de los poderes públicos, cooptados por los intereses de grandes capitales extractivistas.

Frente a los graves retrocesos y amenazas descritos, y debido a los altos índices de corrupción, y a debilidades de los órganos judiciales serviles a los intereses de gobernantes en el poder y capturados por los lobbies de empresas extractivas en la región, se concibió el presente estudio: Marcos normativos de protección nacional para personas defensoras y su implementación territorial en América Latina, en colaboración entre el Observatori desca e investigadoras de clacso. Nuestro interés fue investigar la existencia de marcos normativos para la protección de personas defensoras de derechos humanos en general, y de derechos ambientales y de la madre naturaleza en particular. Dado que diversas normativas existen formalmente pero no se ejecutan en la práctica, nos interesaba analizar el combate contra uno de los orígenes de la brecha de implementación de estas normativas: los intereses extractivistas empresariales. Por este motivo, elegimos analizar si estas normativas de protección de personas defensoras permiten presionar a las empresas matrices del Norte global en caso de vulneración de los derechos humanos; si las personas defensoras pueden participar en la elaboración de estos marcos normativos y, en caso positivo, si su participación es vinculante.

Para este estudio, se escogieron cuatro países: tres duramente afectados por ataques a personas defensoras —México, Colombia, Perú—, y uno con un avance legislativo importante en defensa de la madre tierra, como Bolivia. Se estudiaron sus marcos normativos, o la falta de estos, en los cuatro puntos mencionados anteriormente, y el ámbito y alcance de aplicación. Se finaliza el análisis con unas conclusiones generales, comunes en los cuatro casos analizados, y se emiten recomendaciones específicas para cada uno de ellos