Aunque las políticas de protección se han extendido en varios países, todavía no hay certezas sobre cuáles han de ser sus actuaciones clave y aunque se cuenta con algunos estudios críticos a los programas y políticas de protección, hasta ahora las políticas de protección existentes no se han visto sometidas a evaluaciones de resultados o de impacto que pongan en evidencia, tanto los vacíos en el diseño, como los cuellos de botella en la implementación, ni que permitan obtener aprendizajes, mejorar la calidad de los procesos o facilitar la rendición de cuentas y los intercambios entre países o programas.
Con base en la investigación realizada por PI y la observación de los casos acompañados en diversos países, se puede advertir que, antes de evaluar cualquier intervención compleja, es necesario hacer un análisis de evaluabilidad, es decir, determinar “el grado en que un programa o política puede ser evaluado de modo creíble y confiable”.
Es por ello, que hemos diseñado tres herramientas prácticas y relativamente sencillas, que sirven como un primer paso para analizar y obtener datos técnicos, verosímiles y útiles, tendientes a mejorar la política pública de protección del derecho a defender los derechos humanos, tomando en cuenta que aborda un problema complejo y de difícil solución.
Con estas herramientas se podrá abordar la evaluabilidad de las políticas y programas de protección del derecho a defender los derechos humanos y de las personas defensoras.
Encuentren la publicación aquí en inglés, español y francés (Protection International).
