Esta Resolución 0159-2019 fue adoptada por el gobierno peruano en 2019. Ha sido publicada como parte de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, determinada en el Decreto 002-2018-JUS. La Estrategia “dispone el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos de especial protección, y prevé como una de sus acciones estratégicas la de fomentar mecanismos para garantizar el ejercicio seguro de la labor pacífica y no violenta, retribuida y gratuita de las defensoras y los defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional.”

En la resolución, el Estado peruano adopta un Protocolo con el objectivo principal de “establecer acciones, procedimientos y medidas de articulación que generen, a nivel nacional, un ambiente adecuado para que las personas defensoras de derechos humanos desempeñen sus actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos.”

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