En la actualidad, la defensa de los derechos humanos en Guatemala atraviesa una de sus peores crisis desde los procesos de transición democrática y acuerdos de paz de inicios de la década de los noventa. Las amenazas, ataques físicos y en redes sociales, sumada a la criminalización indebida contra operadores/as de justicia independientes, personas defensoras de derechos humanos (incluyendo personas defensoras del territorio y medio ambiente), comunicadores/as sociales y periodistas, ha alcanzado su máximo punto de ebullición en los años del gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2022).
La situación es similar en el resto de los países de la región centroamericana, que, a diferencia de Nicaragua, tiene en común el haber contado con comisiones internacionales para el apoyo a la persecución penal de casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos en los últimos años. Sin embargo, a pesar de los avances alcanzados en justicia, se presenta una problemática grave en común, como consecuencia de los logros obtenidos con los casos penales de alta connotación social y, es que, en la actualidad, cualquier persona que haya apoyado la lucha contra la impunidad, cualquier persona que sea crítica y fiscalice los gobiernos de turno, es decir, cualquier oposición a los poderes formales y fácticos, está expuesta y corre riesgos de ser detenida y procesada arbitrariamente.
La criminalización indebida evidencia la ausencia de independencia de las instituciones de justicia, dado que ahora son complacientes con la clase política tradicional y ligada al crimen organizado que, con la anuencia de las élites económicas, han puesto en marcha el poder punitivo y acciones autoritarias contra quienes se opongen a las mismas, situación que afecta la débil democracia y pone en riesgo los avances que trajeron consigo los compromisos adquiridos y agenda de los Acuerdos de Paz.
La mayoría de las personas víctimas de la criminalización indebida o lawfare emprendido por el sistema penal guatemalteco son funcionarios/as judiciales, personas defensoras de derechos humanos y comunicadores/as sociales, dejando claro que, con la cooptación del estado, no solo se busca garantizar impunidad a las estructuras tradicionales de poder, sino que también perseguir y castigar aquellas personas que jugaron un papel importante en la lucha contra la impunidad en el país.
En este contexto, se presenta el estudio “Estado de situación con enfoque multifactorial sobre el deber estatal de garantizar el ejercicio de defensa de los derechos humanos en los municipios guatemaltecos de Santa María de Nebaj, Sayaxché y San Marcos”, que contiene información importante sobre los factores que influyen en el rol que desempeñan las mujeres defensoras indígenas y la intervención estatal en afectación de sus derechos fundamentales realizado por Protection International en Guatemala, en conjunto con la organización CISV y Asoremi (Asociación Red Organizaciones de Mujeres Ixhiles).
Encuentren la publicación original y documentos mas ámplios aquí en espanol (Protection International).
