El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha instado a Malí a que adopte el decreto de aplicación de la ley de protección de las personas defensoras de los derechos humanos (DDH o personas defensoras), y a que ponga en marcha el mecanismo de protección previsto por la ley.
En sus observaciones finales, el Comité (CESCR por sus siglas en inglés) insta a Malí a que garantice “la aplicación efectiva de la ley de personas defensoras de los derechos humanos, en particular mediante la adopción del decreto que establece las modalidades de aplicación y la puesta en marcha del mecanismo de protección previsto en ella”. El Comité alienta al Estado a que lleve a cabo campañas de información y sensibilización sobre la importancia de la labor de las personas defensoras, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, con el fin de crear un clima de tolerancia en el que puedan cumplir su misión, sin intimidaciones de ningún tipo, y de prevenir los actos de violencia contra ellos. El Comité remite al Estado a su declaración sobre las personas defensoras de los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales, aprobada en 2016.”
Para Mohamed El Moctar Mahamar, representante de la Coalición Maliense de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos (COMADDH), la recomendación es oportuna: “Celebramos la decisión del Comité de insistir en la adopción del decreto de aplicación de la ley, que se hace eco de las quejas que habíamos expresado antes del examen de Malí”. Y añadió: “El Comité también ha calificado la recomendación de urgente, lo que significa que Malí tendrá que informar sobre la aplicación en un plazo de 18 meses, antes de abril de 2020”.
La activista por los derechos de las mujeres Nana Sanou, que participó en el examen de Malí realizado por el Comité en septiembre en Ginebra, también acoge con satisfacción las conclusiones: “El Comité pidió a Malí que revisara las disposiciones legislativas que discriminan a las mujeres y que reforzara la aplicación de las medidas para combatir esa discriminación”.
Malí tardó más de 40 años en presentar su informe inicial al CESCR, después de haber ratificado el Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1974. El Comité examinó a Malí en 1994, a pesar de no contar con un informe inicial, pero el gobierno no asistió al examen. “Hay que destacar la importancia de este primer diálogo interactivo entre el Comité y las autoridades malienses”, afirma Vincent Ploton, del ISHR. “Les instamos a que adopten un plan para aplicar las recomendaciones del Comité y a que cumplan con los requisitos de presentación puntual de futuros informes”, concluyó.
