El 17 de septiembre de 2020, varias organizaciones de la sociedad civil escribieron una carta al Presidente de la República de Guatemala, solicitando la adopción de una política pública para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. La adopción de dicha política fue ordenada por la sentencia del caso judicial Defensor de Derechos Humanos y Otros vs. Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de agosto de 2014. Hasta la fecha, la carta ha quedado sin respuesta.
La carta fue escrita por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Frontline Defenders, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-D) y Just Associates (JASS).
Encuentren el documento original aquí en inglés (Frontline Defenders).
