El 26 de diciembre de 1997, Colombia introdujo la Ley 418 sobre la protección de las personas en situación de riesgo. Es el mecanismo de protección que primero comenzó (en 1997) y el de mayor tamaño y presupuesto (aunque debe precisarse que incluye a otras poblaciones, como cargos municipales y exmandatarios, por ejemplo). En el 2015, cobijaba a unos 1810 personas defensoras de los derechos humanos (DDH o personas defensoras), con un presupuesto anual solo en escoltas y vehículos de casi 23 millones de dólares.

El elemento de interés para la protección de personas defensoras de los derechos humanos es el artículo 81, que ordena al Ministerio del Interior establecer un programa de protección para las personas en riesgo como consecuencia del conflicto armado y la violencia política:

“El Ministerio del Interior pondrá en funcionamiento un programa de protección a personas que se encuentren en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica, o con el conflicto armado interno que padece el país”

Las personas protegidas a través de este programa incluyen dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición, dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias, gremiales, sindicales, campesinas, y de los grupos étnicos, irigentes y activistas de las organizaciones de derechos humanos, testigos de casos de violación a los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario, independientemente de que se hayan iniciado o no los respectivos procesos penales, disciplinarios y administrativos.

El programa ha ido sufriendo varios desarrollos y numerosas modificaciones, mediante sucesivos decretos y resoluciones, para adaptarse a requerimientos administrativos, demandas de las DDH y sentencias del sistema judicial colombiano. En el 2011, se conformó el actual Programa de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades, que es implementado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Este mecanismo es severamente criticado por las organizaciones de derechos humanos porque, a pesar de su envergadura, el número de DDH amenazados y asesinados ha ido en aumento (Protection International, 2018). Lea más sobre las políticas nacionales de protección en Colombia en ¡Es Tiempo YA! (Protection International, 2018).

Encuentren el documento original aquí (Gobierno de Colombia).