Como se indica en la versión completa de este informe, las políticas públicas nacionales para la protección de comunidades rurales y las organizaciones de la sociedad civil que defienden el derecho a la tierra y al territorio no deben limitar su respuesta de protección colectiva a una lista cerrada de medidas estándar. La protección de los sujetos colectivos requiere una respuesta compleja en la que diferentes autoridades estatales en diferentes niveles (desde el gobierno nacional hasta el local) contribuyan a crear y asegurar un espacio seguro para la defensa de los derechos humanos. Las estrategias y medidas para prevenir y combatir la agresión dependen de evaluaciones integrales de riesgos que tengan en cuenta dimensiones territoriales, sociales y personales; dado que el contexto, las amenazas y los riesgos son dinámicos, lo que requiere evaluaciones regulares.