Desde 2014, cada vez son más los países africanos que adoptan o se plantean adoptar leyes nacionales destinadas específicamente a promover y proteger a las personas defensoras de los derechos humanos (DDH o personas defensoras). ¿Por qué son necesarias dichas leyes? ¿Cómo contribuyen a una mejor protección de las personas defensoras en el continente?
El 23 de octubre, el Relator Especial de la Comisión Africana sobre las personas defensoras de los derechos humanos y punto focal sobre las represalias organizó un panel sobre la protección de las personas defensoras centrado en las leyes de protección.
Desde la adopción por parte de Costa de Marfil en 2014 de una ley que promueve y protege los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos, muchos países de África han seguido. Burkina Faso y Mali, adoptaron respectivamente leyes similares en 2017 y 2018. Otros países de África están actualmente en proceso de adopción de tales leyes y el panel fue una oportunidad única para que los panelistas compartieran sus experiencias, en particular los desafíos en la promulgación de tales leyes.
“África está claramente un paso adelante en cuanto a la promulgación de leyes que protegen a las personas defensoras. Sin embargo, uno de los retos pendientes es la inclusión en esos textos de una definición amplia de las personas defensoras, tan inclusiva como la adoptada por la ONU a través de la Declaración de la ONU sobre las personas defensoras”, dijo Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de las DDH.
Durante su intervención, Hassan Shire, director ejecutivo de DefendDefenders, hizo hincapié en la necesidad de que las personas defensoras estén legalmente protegidos a nivel nacional para sus actividades. “La protección de las personas defensoras en los marcos jurídicos nacionales es necesaria para proteger a quienes son objeto de ataques por su legítima labor en pro de los derechos humanos. Las personas defensoras llevan la voz del pueblo al mundo. Dicen la verdad al poder, a menudo a quienes no quieren oírla”.
El representante del gobierno de Burkina Faso compartió la experiencia específica del país que llevó a la adopción de la ley de personas defensoras en 2017. “Tras la promoción de las organizaciones locales, Burkina Faso fue el segundo país de África en adoptar una ley de este tipo. Nos dimos cuenta muy pronto de lo crucial que es la inclusión de la sociedad civil en estos procesos. Hicieron aportaciones muy valiosas y siguen haciéndolo mientras trabajamos en el establecimiento de nuestro mecanismo de protección”, dijo el representante.
Por último, el Relator Especial de la Comisión Africana sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos subrayó la importancia de que los estados creen un marco jurídico que proteja a las personas defensoras para garantizar que puedan contribuir a la protección de los derechos humanos en sus países. “Nunca ha sido un delito proteger los derechos humanos y nunca debería serlo”, concluyó.
