Afganistán: Llamamiento conjunto para el cese inmediato de los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y la necesidad de protección y rendición de cuentas
Las amenazas, el acoso, la intimidación y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos, los activistas, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación en Afganistán deben terminar, han declarado las organizaciones internacionales de derechos humanos abajo firmantes
Desde septiembre de 2020 hasta mayo de 2021, un total de 17 personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinados, entre ellas nueve periodistas, según la información recopilada por el Comité Afgano de Defensores de los Derechos Humanos (AHRDC). Nueve de esos asesinatos se produjeron en los primeros cinco meses de este año. Durante este periodo, más de 200 personas defensoras de los derechos humanos y representantes de los medios de comunicación informaron de que estaban llegando graves amenazas al AHRDC y al Comité de Seguridad de los Periodistas de Afganistán. Un informe publicado por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) en febrero de 2021, señalaba que 65 profesionales de los medios de comunicación y personas defensoras de los derechos humanos habían sido asesinados desde 2018. En la mayoría de estos casos, no se han exigido responsabilidades a los autores. Estos ataques tienen como objetivo silenciar la disidencia pacífica y a quienes trabajan en favor de los derechos humanos, especialmente los de las mujeres, así como a quienes buscan justicia y rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos. El momento de la escalada de ataques contra personas defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas parece estar relacionado con el proceso de paz en curso entre el gobierno de Afganistán, Estados Unidos y los talibanes.
Es vital defender y dar prioridad a la libertad de expresión durante este momento crítico en Afganistán y para su futuro. Los progresos realizados en la creación de un espacio seguro para las personas defensoras de los derechos humanos, especialmente las mujeres defensoras de los derechos humanos y los periodistas, están en juego con el anuncio de la retirada total de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN de Afganistán para el 11 de septiembre de 2021. El atentado contra escolares en Kabul el 8 de mayo es un recordatorio devastador de la escalada de violencia contra la población civil, especialmente contra las mujeres y las niñas. La comunidad internacional, como parte interesada en los actuales procesos políticos, incluidos Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y los Estados miembros de la OTAN, deben, en virtud del derecho internacional humanitario, penal y de los derechos humanos, proteger los derechos de todes, especialmente de aquelles que son objeto de ataques, como las personas defensoras de los derechos humanos y los activistas de la sociedad civil. Sin embargo, con el anuncio de la retirada incondicional y la ausencia de avances en el proceso de paz, la promoción y protección de los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas no parece ser una prioridad.
La falta de respeto por el Derecho Internacional Humanitario y la ausencia de rendición de cuentas por los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y los activistas, no han hecho más que aumentar el peligro para las personas defensoras y envalentonar a los perpetradores. Las autoridades afganas y la comunidad internacional deben hacer un llamamiento a todas las partes para que dejen de utilizar objetivos civiles para obtener beneficios militares y salvaguarden los avances en materia de derechos humanos conseguidos en las dos últimas décadas y se aseguren de que no se reducen como consecuencia de las negociaciones en curso.
Los miembros de la sociedad civil, las mujeres defensoras de los derechos humanos y los periodistas son sistemáticamente amenazados y atacados por el trabajo que realizan. Los que trabajan fuera de la capital están especialmente expuestos a graves amenazas debido a la falta de apoyo disponible en Kabul y a través de algunas redes y embajadas internacionales. Muchos de estas defensoras han tenido que trasladarse dentro de Afganistán y, en algunos casos, incluso abandonar temporalmente el país con sus familias por motivos de seguridad. Las personas defensoras temen denunciar públicamente los ataques de los que son objeto debido a la preocupación por la seguridad y la sostenibilidad de su trabajo. Esto demuestra la inmensa presión bajo la que se ven obligados a vivir y trabajar las personas defensoras, activistas y periodistas afganos.
Los mecanismos estatales para la protección de las personas defensoras, incluida la recientemente nombrada Comisión mixta para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, aún no han entrado en funcionamiento. El gobierno no ha respondido adecuadamente a las denuncias de amenazas y a las señales de alerta temprana de ataques contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Las personas defensoras se enfrentan a la disyuntiva imposible de equilibrar su compromiso de trabajar en su país con las amenazas contra elles y sus familias. Pedimos al gobierno de Afganistán que asuma una mayor responsabilidad para garantizar la seguridad de las personas defensoras, activistas y periodistas, y que ponga fin a la impunidad de los ataques contra elles.
Las mujeres defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los grupos minoritarios de Afganistán han sido los más afectados. Muchas defensoras se han visto obligadas a trasladarse dentro o fuera del país, a dejar su trabajo o a quedarse en casa. Los ataques a las mujeres defensoras han incluido el acoso a familiares y colegas. Las mujeres defensoras que han hecho campaña durante años en favor de la igualdad de derechos y de la participación en igualdad de condiciones en los espacios públicos, incluido el proceso de paz, se han visto atacadas en represalias contra ellas por su trabajo.
El gobierno de Afganistán y las partes interesadas y los facilitadores internacionales del proceso de paz en curso deben asumir la responsabilidad, a través de su conducta y compromiso en el país, de detener el aumento de los ataques violentos contra las personas defensoras de los derechos humanos. Los grupos de derechos y las Naciones Unidas han pedido constantemente la participación efectiva de los representantes de la sociedad civil, especialmente de las defensoras de los derechos humanos, en el proceso de paz, dado su enorme impacto en la seguridad sobre el terreno. A pesar de ello, y aunque los grupos de derechos y las defensoras han trabajado continuamente para participar en el proceso de paz, en la cumbre de Moscú de marzo de 2021 no hubo una representación efectiva de las mujeres. Un proceso de paz, o una negociación, que no incluya a representantes de las mujeres de manera adecuada y efectiva, y que paralelamente se comprometa con los talibanes sin puntos de referencia en materia de derechos humanos, socava la seguridad de las mujeres y los progresos realizados en materia de derechos humanos en los últimos años. Hay que hacer mucho más para garantizar que el proceso de paz tiene en cuenta las amenazas, el acoso, la intimidación y los ataques que se producen en el país y para asegurar que no agrava el sufrimiento de la población.
La crisis que se está produciendo en el país requiere un fuerte compromiso de compromiso directo y apoyo para que las personas defensoras afganas puedan trabajar y vivir con seguridad y dignidad. Requiere que la comunidad internacional apoye de forma proactiva a las personas defensoras que han trabajado para promover y proteger los derechos humanos, con un gran coste personal. Como organizaciones de derechos humanos centradas en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, pedimos un mecanismo de protección eficaz para las personas defensoras de los derechos humanos en Afganistán. Por lo tanto, pedimos al Gobierno de Afganistán y a los actores internacionales pertinentes que tomen las siguientes medidas:
La recién creada Comisión Conjunta, dirigida por el gobierno, debe cumplir sus objetivos de proporcionar una protección efectiva a las personas defensoras de los derechos humanos en peligro. Pedimos que se acceda a la información sobre las medidas que la Comisión Mixta ha tomado hasta ahora para proporcionar protección inmediata a las personas defensoras, investigar las amenazas contra ellas y llevar a los presuntos autores ante la justicia.
Garantizar que las normas de derechos humanos y la protección de las personas defensoras de los derechos humanos se articulan como puntos de referencia clave para cualquier proceso de paz sostenible. Los talibanes y otras personas que atacan a los civiles y a las personas defensoras de los derechos humanos deben detener inmediatamente la violencia y dar prioridad a las conversaciones de paz intraafganas como forma de garantizar una paz sostenible.
Ofrecer a las personas defensoras de los derechos humanos apoyo práctico inmediato sobre el terreno a todos los niveles, incluso a través de canales diplomáticos y políticos.
Garantizar activamente la justicia y la reparación de los actos de violencia y las amenazas contra las personas defensoras, especialmente por parte de las autoridades locales y las fuerzas del orden, para garantizar una respuesta rápida a las amenazas a la seguridad.
Establecer un mecanismo nacional de seguimiento y un mecanismo imparcial e independiente a nivel internacional para investigar los asesinatos de defensores de los derechos humanos y periodistas, aclarando las circunstancias en las que fueron asesinados las personas defensoras y llevando rápidamente a los responsables ante la justicia.
Colaborar con las personas defensoras de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil para diseñar y aplicar políticas de protección sólidas con una perspectiva de género y un enfoque interseccional.
Garantizar la representación efectiva de las personas defensoras de los derechos humanos, especialmente de las mujeres, en cualquier proceso de paz que tenga relación con su seguridad, incluido el proceso de paz pero sin limitarse a él. La participación debe incluir garantías de seguridad y una representación efectiva y equitativa de las opiniones.
