Hace 25 años fue expedida en Colombia la primera ley que sirve como mecanismo de protección para las personas en riesgo como consecuencia del conflicto armado (diciembre de 1997). Esta es también la primera ley aplicable a las personas defensoras de derechos humanos. Por eso, desde Protection International (PI), realizamos esta infografía sistematizada, que recoge en una línea de tiempo las diversas normativas existentes en el país por los diferentes gobiernos a lo largo de estas dos décadas y media. Este trabajo identifica, además, los elementos más destacados de la situación de riesgo que han enfrentado las personas defensoras y líderes sociales durante estos 25 años; y la incesante ausencia de garantías para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en Colombia. El objetivo de este marco legislativo ha sido contrarrestar las agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos, pero ¿han sido útiles? ¿suficientes? ¿han contribuido a garantizar la vida y el derecho a defender los derechos humanos?

La elaboración de este trabajo nos ha permitido comprobar que, más allá de los datos documentados en la línea de tiempo y en las agresiones físicas y directas, que representan la expresión más crítica de riesgo, durante estos 25 años, ha persistido un creciente deterioro del espacio cívico para ejercer el derecho a defender los DDHH. Este deterioro se ha hecho evidente a través de las diversas vulneraciones, no solo sobre la vida y la integridad de las personas defensoras, sino también sobre derechos colectivos connaturales a la defensa de derechos, como la libertad de asociación, expresión, reunión y manifestación.

Desde Protection International reconocemos los esfuerzos en la creación de un conjunto de leyes y decretos; sin embargo, estos no han tenido un impacto significativo en la transformación favorable de las causas de los riesgos y amenazas en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, ni en la garantía plena y segura del derecho a defenderlos.

¿Este marco legislativo ha contribuido al derecho a defender los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia?

El marco legislativo relacionado con la protección de personas defensoras, activistas y líderes sociales, avanzó notablemente en estos 25 años, gracias al trabajo y la presión de la sociedad civil. Actualmente se cuenta con una amplia legislación (que incluye decretos, leyes y directivas), que en su conjunto establecen la creación y reglamentación de entidades, instancias, mecanismos y programas de protección a nivel individual, y algunos avances a nivel colectivo y de género.

Lamentablemente, y pese a estos esfuerzos, el impacto positivo de estas normas, no se refleja en garantías efectivas para ejercer el derecho a defender los derechos humanos en Colombia, y la situación de riesgo para personas defensoras continúa siendo crítica.

Esta revisión sistemática nos permitió llegar a algunas conclusiones:

1. Persisten e incrementan las agresiones contra las personas y el derecho a defender los derechos humanos: las lideresas y líderes que defienden el derecho a la tierra, el territorio y el medio ambiente; quienes han impulsado el proceso de paz y acompañado a las víctimas del conflicto armado; y que promueven procesos de fortalecimiento social y comunitario, han permanecido en los registros de la sociedad civil como las personas defensoras más agredidas durante estos 25 años. Se ha mantenido como tendencia el aumento de las agresiones contra líderes/as indígenas, campesino/as, y mujeres defensoras. Las amenazas han permanecido como la táctica más utilizada para intimidar a personas defensoras.
2. Problemas en el diseño e implementación de políticas publicas de protección y garantía.
   1. Voluntad política: hemos podido comprobar la escasa voluntad política de los diversos gobiernos de Colombia para implementar la normativa, como un elemento central para asegurar la efectividad de las políticas de protección.
   1. Diseño de la política pública: evidenciamos que ha existido una limitada participación de las personas defensoras en la formulación de políticas públicas, en especial las personas defensoras de los territorios.
3. Brechas en la implementación de políticas públicas: identificamos pocos avances en materia de protección colectiva, dificultades para la implementación del enfoque diferencial, de género e interseccional, así como debilidades o ausencia de una teoría de cambio, objetivos e indicadores que permitan medir las políticas públicas y su impacto en el derecho a defender los derechos humanos. Por su parte, la implementación ha sido permeada también por corrupción y se enfrenta a una fuerte descoordinación institucional.

Desde Protection International esperamos que aquellas personas que utilicen esta revisión sistematizada del marco normativo colombiano en materia de protección a personas defensoras, por los diferentes gobiernos a lo largo de 25 años, puedan responder si pueden ser considerados útiles y suficientes para garantizar la vida y el derecho a defender los derechos humanos en el país.

Accede a la infografía interactiva aquí en español (Protection International).