Ciudad de México, 26 de agosto de 2019. – A solicitud de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó un diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo) que identifica fortalezas, buenas prácticas y áreas de oportunidad para orientar un proceso interinstitucional de fortalecimiento.
El documento es resultado de un análisis que incluyó: una amplia revisión documental de material sobre el Mecanismo, tanto público como privado; realización de más de 100 horas de entrevistas a 147 personas, priorizándose a personas beneficiarias y funcionarias del Mecanismo; observación y documentación de la actuación del Mecanismo en diferentes procesos, incluido el acompañamiento permanente a su desarrollo desde 2012; y el intercambio de reflexiones y propuestas con personas y entidades expertas en la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluidos mecanismos internacionales de derechos humanos. La ONU-DH resalta la transparencia de la SEGOB en este proceso, sin la cual no hubiese sido posible comprender de manera tan profunda las fortalezas y las áreas de oportunidad del Mecanismo.
La existencia del Mecanismo reafirma el valioso papel que desempeñan las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en la sociedad y la necesidad de que el Gobierno les otorgue protección, sobre todo ante una dinámica preocupante de agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen periodismo en México.i Al realizar este diagnóstico la ONU-DH reforzó su convicción sobre la gran importancia del Mecanismo, reconocida como tal por varias de las 62 personas beneficiarias entrevistadas, quienes destacaron que la protección brindada por el Mecanismo es el motivo por el cual siguen vivas.
Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, resaltó que “el desarrollo progresivo del Mecanismo representa un aprendizaje de seis años, resultado en gran parte de un compromiso de quienes trabajan y trabajaron en la institución”. Asimismo, mencionó que “la Ley ha mostrado la capacidad de ofrecer un marco legal suficientemente flexible para facilitar el desarrollo del Mecanismo y el esquema de gobernanza participativa que prevé es una referencia internacional de participación ciudadana.”
“Sin embargo, los importantes avances que se destacan en el diagnóstico no deben impedir ver que el Mecanismo continúa conformando una respuesta insuficiente por distintas razones, algunas de las cuales persisten desde su creación.” Concluyó Jarab.
Las capacidades del Mecanismo, particularmente a nivel de recursos humanos y económicos, son al día de hoy insuficientes para dar respuesta a los requisitos legales y las necesidades reales de protección. El número de personal (36) no ha cambiado desde 2014 mientras el número de personas protegidas aumentó en 236% y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación. Para el de este año, la SEGOB prevé que estará protegiendo 1131 personas y que el gasto asociado será de 325 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto asignado para 2019 fue de 207.6 millones de pesos, correspondiente al 64% del gasto previsto y monto inferior a lo ejercido en 2018 y 2017. Ante la evidente insuficiencia de recursos económicos, la SEGOB presentó el 4 de abril de 2019 una solicitud adicional de 150 millones de pesos que todavía no ha sido respondida.
El documento resalta también que el Mecanismo no cuenta con un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Uno de los puntos que más destacaron las personas entrevistadas por la ONU-DH, tanto beneficiarias como funcionarias, fue la falta de participación activa de las autoridades que componen la Junta de Gobierno. Tras los compromisos asumidos por el Gobierno Federal y la CONAGO en 2017, algunas entidades federativas mejoraron su reacción ante emergencias, la eficacia en la implementación de medidas desde su responsabilidad y la coordinación para distintas acciones, incluida la prevención. Sin embargo, estos casos han sido excepcionales y solamente 12 entidades crearon su UEP, la mayoría de ellas sin el personal y los recursos necesarios para poder operar de manera adecuada. Adicionalmente, se señala que el Mecanismo mantiene su enfoque principal en evitar la consumación del daño – elemento muy importante, sin priorizar la atención a las causas que generan el riesgo, que deben ser atendidas a través de acciones políticas y de prevención que permitan anular el origen del riesgo. La carencia de este enfoque preventivo es el principal motivo por el cual en 2017 solamente diez casos se concluyeron por disminución de riesgo y en 2018 ninguno. Es fundamental entender que sin un enfoque de prevención combinado con una actuación dirigida a anular las causas del riesgo no se va a disminuir la necesidad de protección individual y finalmente el Mecanismo se volverá ineficaz e insostenible.
De acuerdo con las estadísticas publicadas por el Mecanismo, en el 55% de los casos en que se identificaron los presuntos perpetradores, éstos eran servidores públicos, quienes están sujetos a un grado de responsabilidad superior, por su obligación de respetar a quienes ejercen labores de periodismo y defensa de los derechos humanos y de abstenerse de ataques en su contra. Sin embargo, el diagnostico revela que hasta la fecha el Mecanismo no cuenta con criterios de actuación que, entre otros aspectos, exploren la pertinencia de: condenar públicamente cualquier ataque por parte de servidores públicos; dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal; e iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa.
La necesidad de cambios representa un reto que va más allá de la asignación de recursos económicos y exige una respuesta de Estado. Frente a este diagnóstico y otros esfuerzos realizados, la ONU-DH ve necesario establecer una ruta con una visión amplia que permita dar seguimiento interinstitucional a la implementación de las acciones de fortalecimiento que deriven de las necesidades identificadas.
Finalmente, la ONU-DH agradece a la SEGOB por la oportunidad de colaborar en el fortalecimiento del Mecanismo y reitera su plena disponibilidad para seguir apoyando en la implementación de las recomendaciones formuladas en este diagnóstico.
Para más información y solicitudes de prensa, contacte a: Arturo Ávila Salazar, Oficial de Información Tel: +5255 5061 6374, cel. +52 1 55 5438 1729 / aavila@ohchr.org
—-
En 2019 la ONU-DH documentó al menos 11 asesinatos de periodistas: José Rafael Murúa Manríquez, el 19 de enero en Mulegé, Baja California Sur; Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, el 9 de febrero en Emiliano Zapata, Tabasco; Reynaldo López, el 16 de febrero en Hermosillo, Sonora; Santiago Barroso Alfaro, el 15 de marzo en San Luis Río Colorado, Sonora; Telésforo Santiago Enríquez, el 2 de mayo en San Agustín Loxicha, Oaxaca; Francisco Romero en Playa del Carmen, Quintana Roo el 16 de mayo; Norma Sarabia Garduza en Huimanguillo, Tabasco el 11 de junio; Rogelio Barragán en Zacatepec, Morelos, el 30 de julio; Edgar Alberto Nava López, en Zihuatanejo, Guerrero, el 2 de agosto; Jorge Celestino Ruiz Vázquez, en Actopan, Veracruz, el 2 de agosto; y Nevith Condés Jaramillo, en Tejupilco, Estado de México.
En 2019 la ONU-DH documentó al menos 13 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos: Sinar Corzo, el 3 de enero en Arriaga, Chiapas; José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, desaparecidos el 17 de enero y sus cuerpos sin vida localizados el 18 de enero en Amatán, Chiapas; Gustavo Cruz Mendoza, el 20 de enero en Santiago Jocotepec, Oaxaca; Bernardino García Hernández, el 23 de enero en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca; Óscar Cazorla el 9 de febrero en Juchitán, Oaxaca; Samir Flores Soberanes, el 20 de febrero en Amilcingo, Morelos; Eulodia Lilia Díaz Ortiz, el 25 de marzo en Santiago Tianguistenco, Estado de México; Abiram Hernández Fernández, el 29 de marzo en Xalapa, Veracruz; Luis Armando Fuentes, el 11 de abril en San francisco Ixhuatán, Oaxaca; Héctor Domínguez, el 19 de abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí; José Luís Álvarez Flores, el 10 de junio en Palenque, Chiapas; y María Cristina Vázquez Chavarría, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el 1 de julio de 2019 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
En 2018 la ONU-DH registró 12 asesinatos de periodistas y 14 de personas defensoras de derechos humanos. En 2017 documentó 12 asesinatos de periodistas y 7 de personas defensoras de derechos humanos.
